El Tribunal de Reclamaciones Nucleares

En la década de los 80 los habitantes de las islas Marshall comenzaron a interponer una serie de demandas contra los Estados Unidos por los daños causados a consecuencia del programa de pruebas nucleares. Las demandas buscaban una compensación por daños y perjuicios e involucraban los habitantes de Enewetak y Bikini así como de los otros atolones e islas del norte afectadas por la contaminación radiactiva. 

Durante este período se produjo el acuerdo que regiría a partir de entonces las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall, el conocido como Tratado de Libre Asociación que concedía al nuevo estado insular su soberanía. El tratado fue aprobado en 1983 en un plebiscito por un 60% de los votantes de las Islas Marshall y en 1986 por el Congreso de los Estados Unidos. En el marco de este tratado se acordó incluir la Sección 177 en la que los EEUU reconocían las contribuciones y los sacrificios que el pueblo de las Islas Marshall había hecho en el programa de pruebas nucleares y aceptaban la responsabilidad de indemnizar a sus ciudadanos por la pérdida y los daños en las propiedades y en la salud de las personas. 

En virtud de la Sección 177, los Estados Unidos se comprometieron a proporcionar a las Islas Marshall la suma de 150 millones de dólares para crear un fondo fiduciario que garantizara el pago de las indemnizaciones y la atención médica. El acuerdo también establecía que esta suma resolvía todas las reivindicaciones pasadas, presentes y futuras que se pudieran presentar. Este fondo se fue distribuyendo entre los pueblos de Bikini, Enewetak, Rongelap y Utrik para el tratamiento médico, la vigilancia radiológica y el pago de las compensaciones. 

El acuerdo de la Sección 177 también preveía la creación de un Tribunal de Reclamaciones Nucleares con jurisdicción para "determinar sobre las reclamaciones pasadas, presentes y futuras del Gobierno, ciudadanos o habitantes de las Islas Marshall relacionadas de cualquier forma con el programa de pruebas nucleares " [1]. El Tribunal debía ser independiente de los poderes legislativo y ejecutivo del Gobierno de las Islas Marshall y se le conferían las atribuciones para promulgar órdenes, procedimientos y reglamentos, proveer los fondos necesarios para el funcionamiento del tribunal y establecer y autorizar los pagos de las compensaciones con cargo al Fondo de Reclamaciones. El Tribunal de Reclamaciones Nucleares de las Islas Marshall empezó a operar en 1988. 

Desde el principio de su existencia, uno de los objetivos del tribunal fue desarrollar un sistema adecuado para determinar la compensación por lesiones personales. En este sentido, se debía establecer una relación de causalidad entre el programa de pruebas nucleares y las condiciones médicas de los reclamantes. El Tribunal llevó a cabo estudios científicos radiológicos y buscó consejos de médicos expertos. También examinó modelos de compensación de otros países y en especial de los Estados Unidos. Uno de los modelos que tuvo en cuenta fue la llamada "Ley Downwinders" que aprobó el Congreso de los Estados Unidos en 1990 para compensar los civiles estadounidenses afectados por las pruebas nucleares llevadas a cabo en el estado de Nevada entre 1951 y 1962. Aunque había diferencias entre los dos casos, parecía un punto de partida razonable. 

En agosto de 1991 el Tribunal comenzó a poner en práctica su programa de indemnizaciones por lesiones personales. 

Respecto a las indemnizaciones por daños a la propiedad, el Tribunal decidió que la forma más adecuada para hacer frente a estas demandas era a través de una serie de "Class Action", una figura jurídica muy presente en EEUU según la cual en un litigio una de las partes es un grupo de personas que están representados colectivamente por un miembro de este grupo. La cuestión de las compensaciones por daños a la propiedad se organizó a través de cuatro "Class Action" o demandas colectivas para los atolones de Enewetak, Bikini, Rongelap y Utrik 

Las reclamaciones por daños a la propiedad se dividían en diferentes categorías: la pérdida de la propiedad privada; el coste de restauración, que incluía la limpieza de la contaminación radiológica, la rehabilitación del suelo y los costes de reasentamiento, y los daños indirectos referidos tanto al sufrimiento por el exilio como a las dificultades del retorno. 

Durante la década de los 90 el Tribunal de Reclamaciones Nucleares estableció una serie de compensaciones económicas por los diferentes conceptos que ascendían a cientos de millones de dólares. El 13 de abril de 2000, por ejemplo, el Tribunal estableció una indemnización de 324.949.311 $ para los demandantes de Enewetak y un año más tarde, el 5 de marzo de 2001, el Tribunal estableció una indemnización para los demandantes de Bikini por un total de 561.315.500 $. 

A pesar de estas compensaciones millonarias, el tribunal no tenía más fondos que los 150 millones del fondo fiduciario, que se mostró claramente insuficiente para hacer frente a las indemnizaciones. Así pues, en septiembre del año 2000 el gobierno de la República de las Islas Marshall envió al Congreso de Estados Unidos una petición de "cambio de circunstancias". La petición pedía una compensación adicional de 3.000 millones de dólares por lesiones personales, daños a la propiedad y costes de restauración, y para los programas de atención médica y salud, infraestructura de servicios, formación y seguimiento radiológico. 

La petición de "cambio de circunstancias" quedaba amparada por el artículo IX de la Sección 177 del Tratado de Libre Asociación, que contemplaba una posible compensación adicional en caso de daños a bienes o personas ocurridos o descubiertos en una fecha posterior a la vigencia del acuerdo. La petición argumentaba que existía información nueva y adicional posterior a la promulgación del Tratado, como nuevos datos que apuntaban a una mayor extensión de la lluvia radiactiva o las más recientes normas de protección radiológica que establecían nuevos baremos de seguridad. La nueva información aparecida constituía, pues, un "cambio de circunstancias". 

Uno de los documentos en que se fundamentaba esta petición era un informe de 1973, desclasificado en los años 90 durante la administración Clinton, que indicaba que las secuelas de la prueba Bravo habrían afectado posiblemente 13 atolones, incluyendo Ailinginae, Kwajalein, Wotho y Wotje y que las explosiones posteriores podrían haber afectado algunas de las mismas áreas.

En noviembre de 2004 se publicó un informe realizado por un grupo interdepartamental del gobierno de Estados Unidos formado por los departamentos de Estado, Energía y Defensa, en el que se evaluaba la base jurídica y científica de la petición. El informe concluía que la solicitud de las Islas Marshall no se podía sustentar en el sentido del artículo IX del Tratado y que en consecuencia, no había base legal para considerar los pagos adicionales. En el informe también se manifestaba que, de acuerdo con las estimaciones del gobierno, los Estados Unidos se habían gastado, hasta 2004, 531 millones de dólares para la compensación de los ensayos nucleares y la asistencia a las Islas Marshall y que existían acuerdos para continuar aportando cientos de millones de dólares en diferentes programas durante los próximos 20 años.